En el post de hoy trataremos el tema del problema de la ocupación que está en auge en España debido a la crisis y el aprovechamiento de mafias para sacar tajada de la situación de muchas familias sin recursos.
Todos tenemos derecho a una vivienda, como viene reflejado en la Constitución, pero es cierto que este derecho no se cumple en el 100% de los casos. Muchas familias, a consecuencia de la crisis, se han visto obligadas a ocupar casas que están vacías. Normalmente las viviendas elegidas suelen pertenecer a bancos o constructoras que han abandonado el trabajo sin terminar, ya que en el caso de las propiedades privadas, los dueños suelen denunciar el caso mucho antes.
Con datos de mayo 2016, las denunciar y querellas por ocupación ilegal han aumentado un 92% respecto al año pasado. El número de incoaciones de procedimientos penales por este delito pasa de 12.569 a 24.164 entre 2013 y 2014. Matiza que el mayor aumento de estos casos se localiza en grandes áreas metropolitanas, como Madrid y Barcelona. Solo en la Comunidad de Madrid existen 24.500 inmuebles susceptibles de ser ocupados (dicho por el INE).
Este problema, se traslada al abuso que, incluso las personas que ocupan una vivienda sufren. Ya que muchas de ellas incluso son engañadas por mafias o personas que se encargan de abrir las puertas de las casas desocupadas y que han visto un negocio en estas viviendas desocupadas. Ofrecen el piso como si fuera suyo y lo venden o alquilan, como si de una inmobiliaria profesional se tratara.
Además se añade que con la reforma del Código Penal de 2015 cambia la tipificación del delito de usurpación, que pasa de ser una falta a constituir un «delito leve». Así clasificado, los procedimientos penales abiertos por esta causa dejan de tener fase de instrucción y, por tanto, los denunciantes no pueden solicitar medidas cautelares –como el desalojo– hasta que se dicte sentencia, que en muchos casos puede ser entre 1 y 4 años.